Dso-11 – VISITA DEL FISCAL KARIM KHAN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. – 01 de noviembre de 2021
1-EL ORIGEN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA FUE LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL.
– Venezuela vivió entre 1958 y 1998 un período de violencia política y orfandad social bajo la máscara de una democracia ejemplar. Un régimen bipartidista y representativo perpetuó en el poder a una élite que se turnaba el gobierno. Las décadas de los 60s y 70s se caracterizaron por la violación de los derechos humanos y la persecución política contra los movimientos sociales disidentes. Masacres como la de Cantaura, Yumare, Tazón o El amparo destaparon la verdadera cara de un sistema de opresión. Las condiciones de pobreza y desigualdad acumuladas durante 4 décadas, conllevaron al estallido social y a la rebelión del pueblo de Caracas y Guarenas en 1989 contra el paquete de medidas económicas neoliberales del presidente reelecto Carlos Andrés Pérez, paquete que eliminaba los pocos derechos sociales que aún quedaban en pie. La protesta brutalmente reprimida dejó un saldo de al menos 10 mil asesinados por el ejército y por la policía, órganos entrenados en las prácticas represivas de la Escuela de las Américas.
Este evento fue el punto de quiebre que suscitó el despertar del pueblo venezolano en la búsqueda de nuevas opciones políticas donde imperase la j4. Las sanciones ilegales contra Rusia y la medida de expulsión de sus bancos del SWIFT, demuestran cómo la economía es el escenario silencioso de la agresión imperial.usticia social y se restituyeran los derechos humanos.
– La propuesta del presidente Hugo Chávez fue refundar la vieja y desprestigiada República y reinstitucionalizar a Venezuela, mediante el desmontaje del modelo democrático bipartidista representativo y burgués, en sustitución de un sistema más participativo, social y humanista que diera más poder al pueblo.
– Este proceso de cambios se da por la vía pacífica y democrática en las elecciones presidenciales del año 1998, cuando se obtiene la victoria popular de las fuerzas progresistas y de izquierda aglutinadas en el Polo Patriótico, organizaciones políticas y colectivas sociales que en el pasado fueron reprimidos y excluidos de la participación política.
– El paso inicial del proceso revolucionario fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con amplia representación popular, con la que fue elaborada una nueva Constitución aprobada por referéndum en 1999. La única carta magna sometida a votación popular que se conozca en el mundo.
– La nueva Constitución Bolivariana concretó los cambios jurídicos que abrieron la brecha a la implementación de políticas incluyentes por parte de un gobierno verdaderamente popular, que atendió a las demandas de sectores históricamente excluidos durante un siglo entero.
– El texto constitucional, de vanguardia en lo normativo, sobre los derechos humanos, determinó la responsabilidad del Estado en la garantía y protección de estos, sin fines políticos, y con una amplitud de compromisos que incluye acuerdos internacionales en la materia y el ejercicio de la justicia en eventuales violaciones de tales derechos.
-Gracias a estos avances conceptuales y jurídicos y a la voluntad política del Presidente Chávez, por primera vez en la historia el Estado Venezolano reconocía su responsabilidad e iniciaba un proceso de reparaciones morales y materiales a las víctimas de la violencia de Estado.
– Las transformaciones sustantivas presentes en la nueva Carta Magna precipitaron a los sectores más reaccionarios de la burguesía criolla, acomodada a los privilegios obtenidos durante la llamada IV República (etapa que abarca desde 1830 hasta 1999) conformándose poderes fácticos en lo económico, mediático y político, que adversan al proyecto chavista, y que se dispusieron a detener por la vía insurreccional el proceso bolivariano de cambio.
2- DESDE SUS INICIOS, LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD HAN ESTADO BAJO EL ATAQUE DE UNA GUERRA MULTIFORME.
– Ante los cambios institucionales que iniciaron el desmontaje del modelo neoliberal y la sociedad de privilegios, los poderes fácticos de extrema derecha, bajo el amparo de los gobiernos de Estados Unidos, atentaron contra la Constitución aprobada por el pueblo y dieron un golpe de Estado en abril de 2002 y, posteriormente, un sabotaje a la industria petrolera a finales de ese año y comienzo de 2003, ambos derrotados por la unión cívico militar que preservo el hilo constitucional.
– Estos conflictos generaron una alta polarización y reunieron a los viejos partidos tradicionales con la meritocracia petrolera, medios de comunicación privados, cúpula empresarial y nuevas organizaciones políticas, conformadas por sectores extremistas de la burguesía en connivencia con Estados Unidos y Colombia.
– Desde ese momento Venezuela comenzó a estar bajo el asedio y la agresión constante de sectores extremistas, siendo el primer episodio las llamadas “guarimbas” de 2004, cuando hubo destrozos y barricadas en urbanizaciones de la clase media en rechazo a las autoridades del CNE por la fallida recolección de firmas para un referéndum revocatorio presidencial.
– Este método de violencia insurreccional comenzaría a ser característico en los grupos radicales opositores, comprometidos desde ese mismo año con planes de magnicidio, que usaron al paramilitarismo colombiano en territorio venezolano: 153 irregulares se preparaban en la finca Daktari, en el este de Caracas, para asesinar al presidente Hugo Chávez.
– Tres años después, en su afán por derrocar el proceso bolivariano, la derecha basó su estrategia en presentar nuevos rostros: una dirigencia estudiantil proveniente mayormente de universidades privadas, defensora del neoliberalismo y los patrones de consumo, con la que crearon una vanguardia radical que propiciara un cambio de régimen usando la tesis de las “Revoluciones de Colores” de Gene Sharp.
– Surge de esta manera la llamada Generación de 2007, de prácticas extremistas y semillero de activistas radicales que luego se agruparían en partidos como Voluntad Popular. Artífices de la violencia política que sobrevendría años después sobre la patria y el pueblo venezolano.
– En 2010 este sector extremista ya sumaba varios años de financiamiento por parte de la USAID y la NED (National Endowment for Democracy). Reunidos en el hotel Fiesta Mexicana en Ciudad de México, planificaron un programa de violencia callejera para derrocar al gobierno de Hugo Chávez, bajo el método de la “no violencia”.
– Fue en 2014, luego del fallecimiento del Comandante Hugo Chávez, cuando aplicaron este esquema en respuesta al triunfo revolucionario en las elecciones municipales de 2013. Con el plan llamado “La Salida” se generó una ola de violencia callejera orquestada por el partido Voluntad Popular y su dirigente, hoy prófugo de la justicia, Leopoldo López, que dejó un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos.
– Tras el fracaso de este plan insurreccional fue configurándose otra línea de acción para el golpe de Estado, basada en cooptar elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para derrocar al gobierno, los cuales fueron frustrados por los organismos de inteligencia en marzo de 2014 y febrero de 2015, y que comprometían a efectivos de la Aviación Militar Bolivariana.
-Este contexto no sólo permite conocer el origen del conflicto político que se ha querido internacionalizar con el fin de construir una percepción negativa de nuestras instituciones, de estigmatizar al partido de gobierno y a sus principales líderes, y de aislar finalmente a Venezuela mediáticamente para crear condiciones ideológicas para juzgar a priori nuestra realidad. Además de ello, muestra la conexión que existe entre los hechos violentos del 2017 perpetrados contra el orden constitucional, la población civil y las instituciones del Estado con los protagonistas del golpe del Estado continuado que hemos descrito: Leopoldo López, Julio Borges, Henrique Capriles Radonsky, Henry Ramos Allup, entre otros agentes que se han ido sumando al complot contra la democracia venezolana.
3-EN EL AÑO 2017, CON APOYO DE EE.UU Y DE COLOMBIA PRINCIPALMENTE, SE DESARROLLÓ UN PLAN PARA CREAR UNA GUERRA CIVIL EN VENEZUELA.
– A lo largo de 18 años de planes golpistas e insurreccionales, la extrema derecha fue perfeccionando sus métodos hasta articular una guerra multiforme que se fue acentuando cada vez más luego de la partida física de Chávez y el ascenso a la presidencia de Nicolás Maduro, incluyendo métodos de golpe de Estado clásico y las llamadas “Revoluciones de colores”.
-Tres frentes confluyeron para crear las condiciones conflictivas: guerra económica, guerra mediática y desestabilización política e institucional.
–La guerra económica acentuada en 2015 propició que la oposición extremista obtuviera mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de ese año y utilizara la Asamblea Nacional como recurso para propiciar el cambio de régimen y violencia en las calles, convocados por una derecha radical que reunió a actores políticos surgidos entre 2002 y 2014 como vanguardia extremista.
– La Orden Ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Barack Obama en 2015, en la que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad de Estados Unidos, fue el primer paso sobre el cual comenzó a implementarse una política de sanciones sobre funcionarios venezolanos por supuesta violación de derechos humanos en aquellas protestas de 2014.
-Se inició la instrumentalización política e ideológica de los Derechos Humanos como narrativa para la agresión contra el Estado venezolano.
– La derecha, siendo mayoría en el Parlamento, utilizó el Poder Legislativo como instrumento político para derrocar al gobierno, con la injerencia extranjera directa de Estados Unidos, Unión Europea, Colombia, Brasil y la interferencia diplomática de la Organización de Estados Americanos y su secretario general, Luis Almagro, creando las condiciones de conflictividad interna para una guerra civil.
– En su afán por derrocar al gobierno, la Asamblea Nacional incurre en desacato y el Tribunal Supremo de Justicia asume sus funciones constitucionales, pretexto que usaron activistas radicales para liderar protestas violentas, mejor planificadas y articuladas que en el pasado, con grupos de choque y componentes armados mercenarios para atentar contra el Estado y el orden público, con el objetivo de ensayar una guerra civil.dso-11-2
– Los diputados de extrema derecha, Julio Borges y Freddy Guevara, y los alcaldes de aquellos municipios donde gobernaban los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, convocaron a las acciones de calle en contra de las sentencias del TSJ y contaron con el respaldo de la entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien calificó al fallo de “ruptura del orden constitucional”, promoviendo la violencia y estimulando la insurrección contra el orden democrático.
– Esta etapa tomó más de tres meses e incorporó factores paramilitares, bandas delincuenciales, francotiradores y crímenes de odio, intentando sobrepasar la actuación de cuerpos policiales y militares mediante un caos generalizado y violencia orquestada sobre una operación de propaganda, haciendo uso de las Redes Sociales, que produjo la muerte de más de un centenar de venezolanos.
– En las acciones de calle se emplearon armas de fabricación casera, bombas molotov, trampas mortales, hubo ataques a centros de salud, redes de distribución de alimentos, servicios públicos, sedes de organismos políticos, zonas residenciales, comerciales e instalaciones militares y policiales.
-Ataques contra la población civil, linchamiento de personas, hostigamiento y persecución a agentes policiales y militares con el fin de provocar una reacción.
– El resultado de esta violencia generó 121 víctimas fatales y un total de 1.958 lesionados, incluyendo a personas que no formaban parte de estas manifestaciones. Por primera vez en el país se presentaron acciones terroristas inéditas: incendiar personas vivas, como el caso del joven Orlando Figuera, el reclutamiento de niños y niñas en manifestaciones, y el empleo de símbolos religiosos.
– Aunque este contexto violento se da en pocos municipios del país, especialmente en aquellos de estrato social de clase media y clase media alta, la imagen proyectada hacia el extranjero es que en Venezuela la situación es insalvable, sobre la base de una campaña en redes sociales y noticias falsas cuyo objetivo era atribuir las víctimas al Estado.
-La campaña mediática y de propaganda usó a las principales cadenas de televisión mundial, celebridades del mundo del espectáculo y de la comunicación social; tuvo un impacto en la promoción del odio y la violencia que se materializó en crímenes atroces como el de Orlando Figuera quien fue quemado vivo en el municipio Chacao, gobernado por la oposición, por ser afrodescendiente y sospechoso de Chavista.
-La multimillonaria operación de propaganda quería posicionar el relato del Estado Fallido para estimular la estrategia de la intervención extranjera.
– Ante la magnitud de estos actos terroristas la acción de las fuerzas de seguridad del Estado para restituir la seguridad ciudadana, la paz social y el resguardo del orden institucional y democrático fue eficiente al punto de minimizar el impacto del plan insurreccional.
-Los casos aislados en los que presuntamente efectivos militares y policiales se extralimitaron en sus funciones fueron identificados y judicializados oportunamente en aras de hacer valer el Estado de Derecho.
–La justicia venezolana en ejercicio de sus funciones determinó las responsabilidades penales correspondientes llegando a ser investigados y procesados 12 funcionarios.
– Igualmente, en estos casos de alteración del orden público, también fueron procesados civiles por ser presuntos responsables de delitos de homicidio, lesiones y daño a infraestructuras públicas y privadas, al conocerse casos de víctimas de crímenes de odio, como quema de personas vivas, linchamientos, impacto de objetos contundentes, sicariato.
– Ante la crisis y violencia generada, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente en mayo de 2017, ofreció la alternativa pacífica para dirimir las diferencias políticas, apelando al Poder Originario del pueblo que el 30 de julio acudió masivamente a elegir a los 545 constituyentes, garantizando la paz y estabilidad de la República, dando fin al ciclo violento y ensayo de guerra civil que impusieron sobre la patria.
-El Presidente Nicolás Maduro mantuvo antes, durante y después de los episodios de violencia de la extrema derecha una convocatoria al diálogo político y al retorno de los grupos extremistas disidentes a la legalidad y al juego democrático. Se terminó imponiendo el deseo de paz del pueblo venezolano y la voluntad política del presidente Nicolás Maduro en tanto que los mismos protagonistas y autores intelectuales de la Guarimba se sentaron a una mesa de diálogo, reconociendo con ello la legitimidad del gobierno constitucional que se habían propuesto derrocar por la vía del terror y la violencia.
4-LOS SECTORES EXTREMISTAS PERSISTEN EN SU DESEO DE DERROCAR AL GOBIERNO Y DESCONOCER LAS REGLAS DEMOCRÁTICAS.
– Aunque el plan insurreccional fue derrotado por la convocatoria a la Constituyente, estos acontecimientos tuvieron como fondo la acentuación de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, con la planificación de planes insurreccionales para producir el ansiado “cambio de régimen” en Venezuela.
– Elementos policiales y militares cooptados durante este lapso irrumpieron con acciones violentas, como la conformación de células mercenarias policiales en 2017 comandadas por el ex funcionario del CICPC Oscar Pérez, y la Operación David, que consistió en el robo del parque de armas del Fuerte Paramacay, en Carabobo.
– Los planes se extendieron hasta 2018, con las operaciones “Constitución” y “Armagedón” realizadas por ex militares que pretendieron derrocar el gobierno e interrumpir el ciclo electoral fijado por la Asamblea Nacional Constituyente para abortar las elecciones presidenciales de mayo de 2018.
– Fracasados estos intentos, el 4 de mayo de 2018 fue frustrado un plan de magnicidio preparado en Colombia, con la participación de dirigentes de la ultraderecha y el amparo del gobierno de Juan Manuel Santos, basado en el uso de dos drones cargados de explosivos que sobrevolaron el Acto de Aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, pretendiendo asesinar al presidente de la República. Planes que fueron neutralizados.
– La derecha, en alianza con el gobierno de Donald Trump, optó por el plan de crear un Estado paralelo y la usurpación de funciones del presidente de la República, que comenzó con la autoproclamación del diputado de Voluntad Popular Juan Guaidó, perteneciente a la “Generación 2007” entrenada bajo la doctrina de las “revoluciones de colores”.
– En esta etapa continuaron las acciones mercenarias, como el intento de ingreso de una supuesta “ayuda humanitaria” en la zona fronteriza de Táchira, la Operación Libertad, un intento de alzamiento militar que terminó con la fuga de Leopoldo López hacia el extranjero desde donde continuó en acciones conspirativas; y otras operaciones como “Vuelvan Caras”, “Fuerza y Libertad” y “Aurora”.
– La de mayor envergadura, que contó con un contrato formal suscrito por Guaidó, con la participación de militares desertores y el entrenamiento de mercenarios estadounidenses, fue la Operación Gedeón, preparada en Colombia bajo auspicio de Estados Unidos, con la protección del narcoparamilitarismo y que consistió en una incursión marítima frustrada por organismos de inteligencia y efectivos militares.
5-NUESTRA APUESTA SIGUE SIENDO A LA RECONCILIACIÓN Y LA RECUPERACÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS.
– Una vez más, tras estas acciones fracasadas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha insistido con el llamado al diálogo a los sectores más radicales de la ultraderecha, logrando conformar una mesa de diálogo y negociación con la mediación de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos, para retomar la senda de la paz y el respeto a la Constitución, abriendo un nuevo ciclo electoral para dirimir las diferencias políticas en democracia.
-Venezuela vive actualmente un clima político estable en el que es posible desarrollar un calendario electoral libre de condicionamientos extremistas. Más de 70 mil candidatos y candidatas de diversos sectores y alianzas de oposición y del Gran Polo Patriótico se disputan cargos de elección popular, municipales y regionales, en una Mega elección prevista dentro de nuestros lapsos constitucionales.
-Los episodios de violencia y escaramuza han dejado secuelas profundas en el ánimo social y político del país y, en aras de seguir fortaleciendo nuestra democracia, hemos creado experiencias para la reconciliación nacional con el fin de desterrar las ideologías racistas, extremistas y terroristas de la vida política nacional que se inocularon en el país en los últimos lustros.
-En la actualidad, la Asamblea Nacional adelanta una reforma de las instituciones judiciales con el fin de crear mejores condiciones para el pleno ejercicio del Estado de Derecho.
-La perfección de nuestros derechos políticos sigue siendo un horizonte inagotable para nuestro proyecto de Nación para liberar al país del Bipartidismo y el pensamiento único.
-La prioridad de las instancias de gobierno es la de restituir el Estado de Bienestar construido en estas dos décadas de proceso de cambio, conscientes de que la base es la justicia en todas sus dimensiones, es la igualdad de condiciones y oportunidades para todos y cada uno de los ciudadanos.
-Se ha demostrado, el pueblo lo ha decretado así, que la única manera de llegar al poder es por la vía democrática y por la gracia de un proyecto que beneficie al país. Venezuela ha dicho sí a los votos y no a la violencia.
-Nunca más debe volver el espíritu guerrerista a imponerse sobre la razón democrática. Garantizar el derecho a la paz y a la vida es la función suprema del Estado Venezolano.