Dso-19 – RUEDA DE PRENSA – CASO COLOMBIA. – 17 de octubre de 2021.
D-P-19 ABORDAJE
1- COLOMBIA ES UN ESTADO FALLIDO DONDE IMPERA EL PARAMILITARISMO, LA PARAPOLÍTICA Y LA PARAECONOMÍA DEL NARCOTRÁFICO
– El pueblo colombiano es la primera víctima de un Estado fallido que ha perdido el control de su territorio y del orden social. Un Estado controlado por el criminal negocio de la droga, el tráfico de armas y la corrupción política que es incapaz de garantizar la paz y la justicia a su propia gente. Ese pueblo ha sido sometido por la oligarquía a 7 décadas de horrores: masacres, decapitaciones, desplazamiento forzado, sicariato político, terrorismo, por citar algunos tópicos.
– ¿Puede alguna población migrante esperar otra cosa distinta a la violencia, discriminación y muerte a la que está sometida la propia población colombiana?
– El gobierno de Iván Duque es responsable de destruir los acuerdos de paz y de recrudecer la violencia y el crimen organizado que afectan no sólo a Colombia, sino a toda la región.
– Fenómenos como la parapolítica (donde se ha visto involucrado Iván Duque y su jefe político Álvaro Uribe Vélez), el paramilitarismo, los falsos positivos, la narcopolítica, son oriundos del sistema colombiano. Son formas organizativas creadas por la oligarquía colombiana.
– La guerra y el narcotráfico son los dos grandes negocios que mueven los hilos en ese país. Por lo tanto, ni la paz ni el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales son una prioridad para este gobierno, que ha sido el más criminal de los últimos 20 años.
– Es un secreto a voces que el Estado y la oligarquía colombiana durante décadas han promovido, financiado y organizado innumerables grupos armados irregulares que actúan a su servicio, bajo sus órdenes, a la sombra y bajo el amparo institucional, para disciplinar a la sociedad a través de la imposición del terror, la violencia y la muerte. Estos grupos no sólo controlan negocios propios de la economía del crimen (narcotráfico, contrabando, trata de personas) sino que son instrumento de persecución política contra cualquier mínima expresión de lucha social y disidencia política. Este fenómeno es conocido como parapolítica. El saldo histórico de muerte, sufrimiento y desplazamiento es una de las mayores tragedias sociales de América Latina.
– Es indisoluble el vínculo entre la oligarquía colombiana, el Estado y la economía del crimen. Algunas cifras lo evidencian:
- Para 2018, se estimaba en 5 mil 459 millones de dólares el monto que el narcotráfico inyectó a la economía de Colombia.
- En 2019 se calculó que el aporte al PIB del narcotráfico fue entre un 2% y un 2,4%.
- El monto en lavado de activos superó los 18 billones de pesos (5 mil millones de dólares aproximadamente).
- El impacto del narcotráfico en la inversión en infraestructura se calcula en 1,5%.
- El volumen de capital que manejan los traficantes colombianos supera los 20 mil millones de dólares.
En consecuencia, el narcotráfico hoy sigue contribuyendo con más fuerza sobre los procesos de concentración de la propiedad de la tierra, financiación de campañas electorales, concentración de la riqueza, informalidad sostenida por una de las principales fuentes de lavado como lo es el contrabando de bienes de consumo, contrabando de armas y estructuras de protección, bien sea privadas o a través de la instrumentalización de organismos de seguridad estatal.
– Según cifras de la Defensoría del Pueblo en Colombia, entre 2016 y 2020 fueron asesinados al menos 753 líderes sociales y se cometieron 3184 amenazas, 193 atentados, 31 desplazamientos forzados, 26 detenciones arbitrarias, 13 desapariciones y 13 secuestros. Otras fuentes independientes como la Unidad de Investigación de la JEP, dan cifras mayores: 904 líderes sociales asesinados y 276 ex combatientes de la FARC, y 571 desapariciones forzadas.
– Sólo en el primer semestre de 2021 se reporta la escandalosa cifra de más de 44.647 desplazados como consecuencia de la violencia impuesta por los llamados Grupos Armados No Estatales. Esto se suma a los más de 27 millones de desplazados durante los últimos dos años y los más de 7 millones en las últimas décadas. Aunados también a 163 masacres con 654 víctimas sólo en los años 2020 y 2021, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
– Esto sin contar las trágicas cifras de represión en el marco del paro nacional de este año: 75 asesinatos, 85 víctimas de violencia ocular, 1832 detenciones arbitrarias, 28 víctimas de violencia sexual, 1468 de violencia física, para un total de 3486 casos de violencia policial. Esto según cifras también de INDEPAZ.
2- DUQUE HA ESTAFADO AL MUNDO CON EL PRETEXTO DE AYUDAR A LOS MIGRANTES VENEZOLANOS MIENTRAS APLICA UNA POLÍTICA DE EXTERMINIO.
– Entre los años 2014 y 2019 se puso en marcha una operación contra el pueblo de Venezuela que tuvo dos dimensiones específicas:
1) La guerra económica: que fue desgastando la base material de nuestro país y de la población venezolana, con la extracción de alimentos, el ataque a la moneda nacional mediante el robo del efectivo y la especulación con el Dólar Criminal o Dólar Cúcuta, a lo que se sumaría el robo descarado de activos en el exterior y el bloqueo contra nuestra economía, donde aún se nos prohíbe el ejercicio del libre comercio. Esto produjo la caída del ingreso de la nación en un 99%. El gobierno del ex presidente Santos participó como enclave de toda esta agresión económica a nuestro país y el de Duque recrudeció la hostilidad, siguiendo órdenes del supremacista Trump, incurriendo además en agresiones de tipo militar como la operación Gedeón conocida en el mundo y el Magnicidio, en grado de frustración, contra el presidente Maduro. Todos estos ataques tuvieron su sede en Colombia. Al amparo del gobierno de turno.
2) La guerra psicológica: los estragos causados en la economía por esta agresión externa fueron acompañados por una operación de guerra psicológica, contra la juventud venezolana primero y luego contra toda la población, para promover desesperanza, miedo y confusión con el fin último de producir un éxodo nacional. Esta migración se ha convertido en el gran pretexto para intentar aislar a Venezuela. Colombia fue el país más activo en promover esta propaganda de guerra, por algo muy sencillo: la oligarquía tenía un pretexto para hacer negocio, para atraer y desviar dinero bajo la indigna excusa de ayudar a los venezolanos.
– Colombia no es un país benefactor de los migrantes venezolanos, como ha querido promover el aparato de propaganda de la oligarquía de ese país. Muy por el contrario, Colombia es causante de buena parte de este fenómeno social inducido con intereses políticos y económicos. Es, por lejos, el Estado que más promueve la xenofobia contra venezolanos y venezolanas, como lo han evidenciado las declaraciones del presidente de ese país y de la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López.
-A la fecha, Duque ha recaudado cerca de mil millones de dólares de los que no se sabe su paradero. Exigimos al gobierno colombiano que rinda cuentas del dinero que han ganado con el manejo político de la migración venezolana.
– Nadie conoce la cifra exacta de lo recaudado por Duque bajo el pretexto de la ayuda a los migrantes, porque se maneja con suma opacidad, así como nadie sabe a qué cuentas privadas ha ido a parar ese dinero. Lo único transparente aquí es que no ha sido para ayudar a los migrantes venezolanos: ellos son víctimas de la corrupción, la mentira y el exterminio.
– Esto sin contar con lo que ACNUR, la Iglesia católica y otras ONG´s dicen aportar a Colombia para la supuesta ayuda de venezolanos. En un país donde la guerra es un negocio, los migrantes son la mercancía.
– La regularización masiva de migrantes venezolanos es una gran estafa millonaria que Duque ha hecho al mundo para lavar su imagen: es reconocido, hasta por sus socios, que tanto el narcotráfico como la cifra de asesinatos selectivos a líderes sociales y masacres contra la población civil han aumentado en su gobierno.
– Ahora mismo, mientras las madres venezolanas reclaman el cuerpo de sus hijos, Duque se encuentra en EEUU haciendo lobby contra Venezuela y no es de extrañar que entre las peticiones esté la solicitud de más dinero: más millones de dólares para la supuesta ayuda de los migrantes que son asesinados bajo su ley.
– El Estado Colombiano no ha querido ni ha podido solucionar los graves problemas de su población. Sólo en 2020, tres millones de personas entraron en la estadística de la pobreza extrema que hoy suma no menos de ocho millones de colombianos y colombianas. ¿Puede un Estado incapaz de solucionar su brecha interna ser benefactor de las poblaciones migrantes?
– La comunidad internacional es testigo de los esfuerzos del gobierno del Presidente Nicolás Maduro por repatriar y proteger de la xenofobia y el desamparo a los migrantes venezolanos. En lugar de promover bloqueos, en lugar de robarse los activos como la empresa Monómeros, que es un bien de todos los venezolanos, que pertenece a esos migrantes que hoy esclavizan, explotan persiguen y asesinan grupos armados al amparo del Gobierno de Duque, deberían apoyar el Plan Vuelve a la Patria, que es único en el mundo.
3. EL ESTADO VENEZOLANO DEFENDERÁ A SU PUEBLO DONDE SE ENCUENTRE: LLEVAREMOS A DUQUE A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL POR CRÍMENES DE ODIO CONTRA LOS MIGRANTES VENEZOLANOS
– Los recientes asesinatos de dos jóvenes venezolanos en el municipio fronterizo Tibú (en el departamento del Norte de Santander – Colombia), a manos de un grupo armado irregular, se suman a las múltiples atrocidades de las cuales son víctimas los venezolanos y las venezolanas en Colombia. Según informó el Fiscal General venezolano, se trata de una persecución que se traduce en el dantesco saldo de por lo menos 800 connacionales desaparecidos y al menos 1900 asesinados. Hombres, mujeres, niños y niñas que se fueron a Colombia engañados por la propaganda y la oferta engañosa que las autoridades de ese país hicieron, con supuestas ayudas y prebendas para los venezolanos y venezolanas.
– Estas cifras, que son conservadoras debido a la ambigüedad con que se maneja el Estado colombiano en torno a este tema, ya demuestran una política sistemática de exterminio que constituyen crímenes de odio y de lesa humanidad.
– En torno a estos crímenes el Estado Venezolano ha actuado a través de la fiscalía, acusando directamente a Iván Duque y exigiendo a las instituciones colombianas determinar los hechos y responsabilidades por medio de una investigación objetiva, independiente e imparcial. El fiscal venezolano señaló el caso como parte de lo que califica como asesinato masivo de venezolanos en Colombia.
– La promoción de la xenofobia contra los venezolanos y las venezolanas ejecutada desde la institucionalidad colombiana hacia su sociedad, junto a esta política de persecución y exterminio, contrasta radicalmente con el histórico de la forma en que Venezuela ha acogido a la población colombiana desplazada por la violencia de la guerra interna del vecino país y por la injusticia de su neoliberalismo.
– Históricamente, Venezuela recibió más de 7 millones de colombianos que jamás fueron discriminados y que pasaron a vivir en el país con plenos derechos, accediendo a las políticas públicas en materia de vivienda, salud, educación, entre otras. El solo ejemplo de la Misión Vivienda es contundente: de las 3.400.000 viviendas que se han entregado, 418.310 han sido otorgadas a inmigrantes, de los cuales el 82% son colombianos.
-La respuesta de este gobierno ultraderechista ha sido la de excluir de la vacunación a los migrantes venezolanos, incrementar los desalojos y la discriminación económica durante la pandemia para nuestros connacionales.
-Y entregarlos a grupos paramilitares para las ejecuciones extrajudiciales.
-Tenemos moral por nuestra buena práctica en el trato y la acogida de migrantes del mundo. Nos asiste el derecho internacional en la defensa de la vida y la dignidad de nuestros compatriotas. Llevaremos a Duque a la CPI por estos crímenes atroces que no se veían desde el auge de los nazis en Alemania y del fascismo italiano.